Los atentados en el Magreb sorprenden a Zapatero sin un plan contra otro 11-M
Gran parte de las recomendaciones aprobadas en la comisión de investigación siguen inéditas
De la Vega fija postura ante la amenaza: «Alarmismo no, miedo ninguno y precauciones, todas»
Madrid- El recrudecimiento de los atentados islamistas de Casablanca y Argel y la reiteración de las amenazas de Al Qaida contra España han vuelto a poner de actualidad la necesidad de la prevención y de la lucha contra este tipo de terrorismo.
Pero también han puesto en evidencia la tesis gubernamental de que el 11-M fue consecuencia del apoyo de Aznar a la guerra de Irak, y de que la retirada de nuestras tropas de la zona en conflicto nos sacaban del punto de mira de la barbarie radical.
El Gobierno no ha respirado aún, después de los últimos atentados, salvo para anunciar que se ha reforzado la seguridad de seis provincias sensibles del sur y de Levante ante el temor de atentados. Ayer, María Teresa Fernández de la Vega también rechazó valorar el comunicado de Al Qaida y reiteró que el Ejecutivo «no baja la guardia en ningún momento». La vicepresidenta resumió la postura del Gabinete ante la amenaza del terrorismo islamista con una frase lapidaria: «Alarmismo no, realismo sí, miedo ninguno y precauciones, todas».
Más positiva estuvo Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para Iberoamérica, que consideró que España no está «especialmente amenazada» por los discípulos de Al Qaida.
Preguntas y comparecencias
Pero ni la prudencia de De la Vega ni el optimismo de Jiménez convencen a algunos grupos parlamentarios, que van a exigir al Ejecutivo no sólo que se pronuncie y explique su estrategia, sino que dé cuenta de los incumplimientos en materia de lucha contra el terrorismo yihadista. Y es que los atentados de esta semana han sorprendido al Gobierno sin un plan de emergencia ante la posibilidad de un nuevo 11-M
La próxima semana, el presidente Zapatero tendrá que dar cuenta de ello en el Congreso porque IU ha anunciado que la pregunta de Gaspar Llamazares en la sesión de control del miércoles irá en esta línea. Además, ha registrado tres peticiones de comparecencia para que los titulares de Exteriores, Interior y Justicia den cuenta de la política que han seguido sus Departamentos en la lucha contra el terror islamista, además de una proposición no de ley en la misma línea.
Y es que el 30 de junio de 2005 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una resolución que resumía las recomendaciones de la comisión parlamentaria de investigación del 11 de marzo de 2004. Había 141 medidas y se referían a la atención a las víctimas; la mejora de la seguridad del Estado; medidas legales sobre control de las fuentes de financiación del terrorismo, obtención y tratamiento de la información, lucha contra la inmigración ilegal, confidentes y control de explosivos; una más eficaz respuesta al fundamentalismo islamista y sus consecuencias en política exterior de seguridad, en política social, cultural y de cooperación al desarrollo y en relación con la religión musulmana.
Todo esto, además de un pacto contra el terrorismo internacional abierto a todas las fuerzas políticas democráticas, del que nada se sabe.
Ante la constatación de la emergencia de un nuevo tipo de terrorismo, el Congreso exigía del Estado la adopción con la mayor urgencia posible de una respuesta global, con medidas que favorecieran la seguridad de la sociedad a través de instrumentos políticos, legales y operativos, todo ello con el objetivo de que España no vuelva a sufrir un nuevo ataque.
Del extenso abanico de medidas preconizadas por el Congreso, el Gobierno ya ha puesto en marcha algunas, las menos. Entre ellas, están la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNA), el Mando policial único, la unificación de las bases de datos de Policía y Guardia Civil, la creación del Sistema de Información Común de Operaciones Antiterroristas (SICOA), el plan de alerta con participación del Ejército en la protección de infraestructuras, la indemnización a las víctimas, la ampliación de las plantillas centrales y periféricas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil y los traductores de árabe que están dedicadas a la lucha antiterrorista islamista y la conexión informática de las compañías aéreas con Interior para la transmisión de datos de pasajeros en origen.
Pero son más las medidas que permanecen inéditas o han sido insuficientemente desarrolladas. ¿Qué fue de aquella comparecencia del presidente del Gobierno cada dos años para exponer la estrategia del Ejecutivo frente al terrorismo islamista? ¿Y de aquel pacto de todas las fuerzas políticas democráticas contra el terrorismo internacional?
Casi dos años después del cierre de aquella comisión parlamentaria y de la aprobación en Pleno de sus compromisos, nada se sabe de ninguno de los dos compromisos.
E ídem del impulso de un sistema de coordinación interinstitucional, de la creación de un Comité Estatal de Crisis, de la regulación de la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis, del establecimiento de un Plan de Financiación Plurianual contra el Terrorismo, de la construcción de una sede judicial única antiterrorista, de la creación de un Banco Judicial de Datos sobre terrorismo islamista, de la escuela policial europea antiterrorista, de la regulación del trabajo integrado de fuerzas estatales y autonómicas, de la formación específica de policías autonómicos y locales, del establecimiento de Protocolos de actuación ante atentados catastróficos, de la regulación de la figura del informador policial o confidente o del refuerzo de la figura del infiltrado o agente encubierto.
Ya se sabe: las palabras se las lleva el viento y la utilidad de las comisiones de investigación parlamentarias seguirá por mucho tiempo en entredicho.
De momento, IU ha registrado ya una proposición no de ley para que el Gobierno desarrolle las medidas que todavía no se han aplicado, especialmente las que tienen que ver con la inserción laboral y educativa de las víctimas. Pero también con la generalización de los policías, jueces y fiscales de enlace y de los equipos conjuntos de investigación.
En el ámbito judicial siguen pendientes la ampliación y mejora de los recursos humanos y materiales con que cuentan la Audiencia Nacional y la Fiscalía a ella adscrita, y la creación en el seno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de un grupo de trabajo especializado en terrorismo islamista, a las órdenes del fiscal-jefe o del teniente-fiscal.
La base de datos compartida entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debe ser técnicamente fiable, evolutiva y descentralizada para garantizar la coordinación y la circulación interna de la información en tiempo real. Y esto es algo que, de momento, ni siquiera se ha planteado, como tampoco la persecución del llamado «ciberterrorismo».
Esther L. Palomera
Nº 4 | Sábado, 14 de abril de 2007
Copyright 2005, La Razón
Madrid España
http://www.larazon.es/noticias/noti_nac1338.htm
De la Vega fija postura ante la amenaza: «Alarmismo no, miedo ninguno y precauciones, todas»
Madrid- El recrudecimiento de los atentados islamistas de Casablanca y Argel y la reiteración de las amenazas de Al Qaida contra España han vuelto a poner de actualidad la necesidad de la prevención y de la lucha contra este tipo de terrorismo.
Pero también han puesto en evidencia la tesis gubernamental de que el 11-M fue consecuencia del apoyo de Aznar a la guerra de Irak, y de que la retirada de nuestras tropas de la zona en conflicto nos sacaban del punto de mira de la barbarie radical.
El Gobierno no ha respirado aún, después de los últimos atentados, salvo para anunciar que se ha reforzado la seguridad de seis provincias sensibles del sur y de Levante ante el temor de atentados. Ayer, María Teresa Fernández de la Vega también rechazó valorar el comunicado de Al Qaida y reiteró que el Ejecutivo «no baja la guardia en ningún momento». La vicepresidenta resumió la postura del Gabinete ante la amenaza del terrorismo islamista con una frase lapidaria: «Alarmismo no, realismo sí, miedo ninguno y precauciones, todas».
Más positiva estuvo Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para Iberoamérica, que consideró que España no está «especialmente amenazada» por los discípulos de Al Qaida.
Preguntas y comparecencias
Pero ni la prudencia de De la Vega ni el optimismo de Jiménez convencen a algunos grupos parlamentarios, que van a exigir al Ejecutivo no sólo que se pronuncie y explique su estrategia, sino que dé cuenta de los incumplimientos en materia de lucha contra el terrorismo yihadista. Y es que los atentados de esta semana han sorprendido al Gobierno sin un plan de emergencia ante la posibilidad de un nuevo 11-M
La próxima semana, el presidente Zapatero tendrá que dar cuenta de ello en el Congreso porque IU ha anunciado que la pregunta de Gaspar Llamazares en la sesión de control del miércoles irá en esta línea. Además, ha registrado tres peticiones de comparecencia para que los titulares de Exteriores, Interior y Justicia den cuenta de la política que han seguido sus Departamentos en la lucha contra el terror islamista, además de una proposición no de ley en la misma línea.
Y es que el 30 de junio de 2005 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una resolución que resumía las recomendaciones de la comisión parlamentaria de investigación del 11 de marzo de 2004. Había 141 medidas y se referían a la atención a las víctimas; la mejora de la seguridad del Estado; medidas legales sobre control de las fuentes de financiación del terrorismo, obtención y tratamiento de la información, lucha contra la inmigración ilegal, confidentes y control de explosivos; una más eficaz respuesta al fundamentalismo islamista y sus consecuencias en política exterior de seguridad, en política social, cultural y de cooperación al desarrollo y en relación con la religión musulmana.
Todo esto, además de un pacto contra el terrorismo internacional abierto a todas las fuerzas políticas democráticas, del que nada se sabe.
Ante la constatación de la emergencia de un nuevo tipo de terrorismo, el Congreso exigía del Estado la adopción con la mayor urgencia posible de una respuesta global, con medidas que favorecieran la seguridad de la sociedad a través de instrumentos políticos, legales y operativos, todo ello con el objetivo de que España no vuelva a sufrir un nuevo ataque.
Del extenso abanico de medidas preconizadas por el Congreso, el Gobierno ya ha puesto en marcha algunas, las menos. Entre ellas, están la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNA), el Mando policial único, la unificación de las bases de datos de Policía y Guardia Civil, la creación del Sistema de Información Común de Operaciones Antiterroristas (SICOA), el plan de alerta con participación del Ejército en la protección de infraestructuras, la indemnización a las víctimas, la ampliación de las plantillas centrales y periféricas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil y los traductores de árabe que están dedicadas a la lucha antiterrorista islamista y la conexión informática de las compañías aéreas con Interior para la transmisión de datos de pasajeros en origen.
Pero son más las medidas que permanecen inéditas o han sido insuficientemente desarrolladas. ¿Qué fue de aquella comparecencia del presidente del Gobierno cada dos años para exponer la estrategia del Ejecutivo frente al terrorismo islamista? ¿Y de aquel pacto de todas las fuerzas políticas democráticas contra el terrorismo internacional?
Casi dos años después del cierre de aquella comisión parlamentaria y de la aprobación en Pleno de sus compromisos, nada se sabe de ninguno de los dos compromisos.
E ídem del impulso de un sistema de coordinación interinstitucional, de la creación de un Comité Estatal de Crisis, de la regulación de la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis, del establecimiento de un Plan de Financiación Plurianual contra el Terrorismo, de la construcción de una sede judicial única antiterrorista, de la creación de un Banco Judicial de Datos sobre terrorismo islamista, de la escuela policial europea antiterrorista, de la regulación del trabajo integrado de fuerzas estatales y autonómicas, de la formación específica de policías autonómicos y locales, del establecimiento de Protocolos de actuación ante atentados catastróficos, de la regulación de la figura del informador policial o confidente o del refuerzo de la figura del infiltrado o agente encubierto.
Ya se sabe: las palabras se las lleva el viento y la utilidad de las comisiones de investigación parlamentarias seguirá por mucho tiempo en entredicho.
De momento, IU ha registrado ya una proposición no de ley para que el Gobierno desarrolle las medidas que todavía no se han aplicado, especialmente las que tienen que ver con la inserción laboral y educativa de las víctimas. Pero también con la generalización de los policías, jueces y fiscales de enlace y de los equipos conjuntos de investigación.
En el ámbito judicial siguen pendientes la ampliación y mejora de los recursos humanos y materiales con que cuentan la Audiencia Nacional y la Fiscalía a ella adscrita, y la creación en el seno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de un grupo de trabajo especializado en terrorismo islamista, a las órdenes del fiscal-jefe o del teniente-fiscal.
La base de datos compartida entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debe ser técnicamente fiable, evolutiva y descentralizada para garantizar la coordinación y la circulación interna de la información en tiempo real. Y esto es algo que, de momento, ni siquiera se ha planteado, como tampoco la persecución del llamado «ciberterrorismo».
Esther L. Palomera
Nº 4 | Sábado, 14 de abril de 2007
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posted by Raul at
3:30 PM
