El Gobierno no ha creado aún las fiscalías especializadas en terrorismo islamista
El Gobierno socialista no ha dado cumplimiento todavía a buena parte de las recomendaciones -especialmente las de ámbito político y judicial- aprobadas hace ahora dos años por el Congreso de los Diputados para evitar otra matanza como la del 11-M. El asunto adquiere ahora máxima trascendencia después de las nuevas amenazas de Al Qaida contra España y, sobre todo, tras los atentados de Argel y Casablanca.
El líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, deberá enfrentarse pasado mañana -durante la sesión de control al Ejecutivo de la Cámara Baja- a una ofensiva de sus socios de IU, que se proponen fiscalizar el cumplimiento de las conclusiones de la comisión de investigación de los atentados del 11-M y evaluar la reacción del Gobierno ante la amenaza yihadista, que ahora recrudece sus ataques en el Magreb.
Precisamente, la coalición de izquierdas ha preparado una batería de iniciativas, entre las que se incluye una proposición no de ley que tiene por objetivo instar al Ejecutivo socialista a cumplir «las múltiples recomendaciones pendientes» de la comisión del 11-M. La organización política que lidera Gaspar Llamazares entiende, además, que «no se han actualizado y mejorado lo suficiente» las medidas preventivas para hacer frente al terrorismo yihadista.
Zapatero no acude a la Cámara
Según el análisis pormenorizado de las 141 recomendaciones aprobadas en marzo de 2005 por el Congreso de los Diputados, el Gobierno ha dado ya pasos destacados para dar cumplimiento a las conclusiones que se refieren al ámbito policial y de apoyo a las víctimas, pero ha dejado de lado las relacionadas con la Justicia y, sobre todo, las de carácter político. Prácticamente ninguna de las recomendaciones políticas acordadas en el informe de la comisión parlamentaria han sido hechas efectivas. Una de las significativas -la comparecencia bianual del presidente del Gobierno ante el Congreso- se ha quedado, de momento, en el tintero.
La importancia de esa recomendación radica en la necesidad expresada por el Parlamento de que el jefe del Ejecutivo explique a la Cámara las claves esenciales de su estrategia antiterrorista. El hecho de que esa comparecencia de Zapatero no se haya producido hace pensar al PP y algunos de los socios del PSOE -como los dirigentes de IU- que el Gabinete socialista carece de estrategia política para evitar otro 11-M.
A crear esa opinión contribuye también la ausencia de pasos concretos por parte del Gobierno para dar cumplimiento a la propuesta de una «alianza democrática contra el terrorismo internacional», la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las fuerzas con representación parlamentaria que el PSOE y sus socios vendieron a bombo y platillo cuando el Congreso aprobó las conclusiones de la comisión del 11-M.
Fuentes gubernamentales reconocen que los desencuentros con el PP en materia de lucha contra ETA han marcado tanto el hecho de que Zapatero no haya acudido al Congreso como la ausencia de pasos concretos para alcanzar un pacto político contra el terrorismo internacional. Desde el PP, sin embargo, se insiste en que la falta de consenso en la lucha contra ETA no impide un acuerdo contra el terrorismo yihadista.
En este punto, los populares recuerdan que no pusieron reparos a las recomendaciones de la comisión del 11-M -incluso su lista era más amplia que la del propio Ejecutivo- y sólo rechazaron el informe final de conclusiones por los ataques del PSOE y sus socios al Gobierno de Aznar.
Sin Plan de Financiación
Por otra parte, el Gobierno sigue sin dar cumplimiento a otras muchas recomendaciones de carácter político: no se ha establecido un Plan de Financiación Plurianual contra el terrorismo, ni se ha creado un Comité Estatal de Crisis que integre a todas aquellas autoridades -nacionales, autonómicas y locales- que tuvieran que dar respuesta a las consecuencias derivadas del hecho terrorista.
El Ejecutivo tampoco ha elaborado un protocolo de actuación de los colectivos de respuesta ni ha implicado a los Gobiernos autonómicos en la protección de instituciones y empresas vulnerables de los ataques terroristas, como es el caso de los transportes públicos. Tampoco ha reformado la Comisión Delegada del Gobierno para situaciones de crisis con el fin de precisar las condiciones en las que el jefe del Ejecutivo debe reunirla e incorporar a los representantes de las áreas afectadas.
En el ámbito judicial, los avances también son discretos. No se han dado pasos para lograr la cooperación en tiempo real de jueces, fiscales, policía y CNI.Tampoco se ha creado un grupo de trabajo especializado en terrorismo islamista en la Fiscalía de la Audiencia Nacional ni se ha acometido la especialización de algunos juzgados.
No se sabe nada de la construcción de un edificio menos vulnerable que la actual sede de la Audiencia Nacional ni de la creación de un cuerpo estable de intérpretes.
Los mayores avances se han producido en el ámbito policial. El número de agentes de Policía y Guardia Civil dedicados a Información ronda ya el millar. Ha habido tres convocatorias con 450 plazas en cada Cuerpo, que se han cubierto, según Interior, en toda España. Antes de los atentados se dedicaban a estas tareas un centenar de hombres. Los sindicatos policiales y las asociaciones del Instituto Armado admiten el aumento de plazas, pero niegan que los medios materiales hayan crecido en paralelo.
El Mando Único
El Gobierno también ha intentado avanzar en la necesidad de coordinación entre quienes luchan contra este tipo de terrorismo. El órgano de dirección utilizado ha sido el Comité Ejecutivo para el Mando Único (CEMU), de quien dependen las directrices, y el instrumento el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA). Éste último, con 50 profesionales de Policía, Guardia Civil, CNI y traductores ha asumido el papel de centro de recogida y proceso de información y centro de coordinación operativa.
Desde su creación en julio de 2004, ha elaborado unos 200 informes y notas informativas sobre terrorismo, según datos del Ministerio del Interior. En el CNCA se ha centralizado asimismo el SICOA (Sistema de Información Común Antiterrorista), donde Policía y Guardia Civil vuelcan, desde hace pocos meses, los datos sobre investigaciones terroristas.
En el capítulo legislativo, dos de las leyes más importantes han sido la de retención de datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas y la de control de datos de activación de tarjetas prepago. La red exterior antiterrorista y policial se ha reforzado y/o ampliado a Mauritania, Senegal, Ghana, Togo, Liberia, Libia, Siria, Arabia Saudí, Pakistán y Jordania.
El descontrol que quedó al descubierto en lo que a explosivos se refería se ha tratado de paliar con una doble reforma legal: del Código Penal y del Reglamento de Explosivos, con la puesta en marcha de un plan de control y el refuerzo de las plantillas de la Guardia Civil encargadas del cometido hasta un total de 200 agentes.
EFE
J. L. LORENTE/C. MORCILLO. MADRID.
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El líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, deberá enfrentarse pasado mañana -durante la sesión de control al Ejecutivo de la Cámara Baja- a una ofensiva de sus socios de IU, que se proponen fiscalizar el cumplimiento de las conclusiones de la comisión de investigación de los atentados del 11-M y evaluar la reacción del Gobierno ante la amenaza yihadista, que ahora recrudece sus ataques en el Magreb.
Precisamente, la coalición de izquierdas ha preparado una batería de iniciativas, entre las que se incluye una proposición no de ley que tiene por objetivo instar al Ejecutivo socialista a cumplir «las múltiples recomendaciones pendientes» de la comisión del 11-M. La organización política que lidera Gaspar Llamazares entiende, además, que «no se han actualizado y mejorado lo suficiente» las medidas preventivas para hacer frente al terrorismo yihadista.
Zapatero no acude a la Cámara
Según el análisis pormenorizado de las 141 recomendaciones aprobadas en marzo de 2005 por el Congreso de los Diputados, el Gobierno ha dado ya pasos destacados para dar cumplimiento a las conclusiones que se refieren al ámbito policial y de apoyo a las víctimas, pero ha dejado de lado las relacionadas con la Justicia y, sobre todo, las de carácter político. Prácticamente ninguna de las recomendaciones políticas acordadas en el informe de la comisión parlamentaria han sido hechas efectivas. Una de las significativas -la comparecencia bianual del presidente del Gobierno ante el Congreso- se ha quedado, de momento, en el tintero.
La importancia de esa recomendación radica en la necesidad expresada por el Parlamento de que el jefe del Ejecutivo explique a la Cámara las claves esenciales de su estrategia antiterrorista. El hecho de que esa comparecencia de Zapatero no se haya producido hace pensar al PP y algunos de los socios del PSOE -como los dirigentes de IU- que el Gabinete socialista carece de estrategia política para evitar otro 11-M.
A crear esa opinión contribuye también la ausencia de pasos concretos por parte del Gobierno para dar cumplimiento a la propuesta de una «alianza democrática contra el terrorismo internacional», la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las fuerzas con representación parlamentaria que el PSOE y sus socios vendieron a bombo y platillo cuando el Congreso aprobó las conclusiones de la comisión del 11-M.
Fuentes gubernamentales reconocen que los desencuentros con el PP en materia de lucha contra ETA han marcado tanto el hecho de que Zapatero no haya acudido al Congreso como la ausencia de pasos concretos para alcanzar un pacto político contra el terrorismo internacional. Desde el PP, sin embargo, se insiste en que la falta de consenso en la lucha contra ETA no impide un acuerdo contra el terrorismo yihadista.
En este punto, los populares recuerdan que no pusieron reparos a las recomendaciones de la comisión del 11-M -incluso su lista era más amplia que la del propio Ejecutivo- y sólo rechazaron el informe final de conclusiones por los ataques del PSOE y sus socios al Gobierno de Aznar.
Sin Plan de Financiación
Por otra parte, el Gobierno sigue sin dar cumplimiento a otras muchas recomendaciones de carácter político: no se ha establecido un Plan de Financiación Plurianual contra el terrorismo, ni se ha creado un Comité Estatal de Crisis que integre a todas aquellas autoridades -nacionales, autonómicas y locales- que tuvieran que dar respuesta a las consecuencias derivadas del hecho terrorista.
El Ejecutivo tampoco ha elaborado un protocolo de actuación de los colectivos de respuesta ni ha implicado a los Gobiernos autonómicos en la protección de instituciones y empresas vulnerables de los ataques terroristas, como es el caso de los transportes públicos. Tampoco ha reformado la Comisión Delegada del Gobierno para situaciones de crisis con el fin de precisar las condiciones en las que el jefe del Ejecutivo debe reunirla e incorporar a los representantes de las áreas afectadas.
En el ámbito judicial, los avances también son discretos. No se han dado pasos para lograr la cooperación en tiempo real de jueces, fiscales, policía y CNI.Tampoco se ha creado un grupo de trabajo especializado en terrorismo islamista en la Fiscalía de la Audiencia Nacional ni se ha acometido la especialización de algunos juzgados.
No se sabe nada de la construcción de un edificio menos vulnerable que la actual sede de la Audiencia Nacional ni de la creación de un cuerpo estable de intérpretes.
Los mayores avances se han producido en el ámbito policial. El número de agentes de Policía y Guardia Civil dedicados a Información ronda ya el millar. Ha habido tres convocatorias con 450 plazas en cada Cuerpo, que se han cubierto, según Interior, en toda España. Antes de los atentados se dedicaban a estas tareas un centenar de hombres. Los sindicatos policiales y las asociaciones del Instituto Armado admiten el aumento de plazas, pero niegan que los medios materiales hayan crecido en paralelo.
El Mando Único
El Gobierno también ha intentado avanzar en la necesidad de coordinación entre quienes luchan contra este tipo de terrorismo. El órgano de dirección utilizado ha sido el Comité Ejecutivo para el Mando Único (CEMU), de quien dependen las directrices, y el instrumento el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA). Éste último, con 50 profesionales de Policía, Guardia Civil, CNI y traductores ha asumido el papel de centro de recogida y proceso de información y centro de coordinación operativa.
Desde su creación en julio de 2004, ha elaborado unos 200 informes y notas informativas sobre terrorismo, según datos del Ministerio del Interior. En el CNCA se ha centralizado asimismo el SICOA (Sistema de Información Común Antiterrorista), donde Policía y Guardia Civil vuelcan, desde hace pocos meses, los datos sobre investigaciones terroristas.
En el capítulo legislativo, dos de las leyes más importantes han sido la de retención de datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas y la de control de datos de activación de tarjetas prepago. La red exterior antiterrorista y policial se ha reforzado y/o ampliado a Mauritania, Senegal, Ghana, Togo, Liberia, Libia, Siria, Arabia Saudí, Pakistán y Jordania.
El descontrol que quedó al descubierto en lo que a explosivos se refería se ha tratado de paliar con una doble reforma legal: del Código Penal y del Reglamento de Explosivos, con la puesta en marcha de un plan de control y el refuerzo de las plantillas de la Guardia Civil encargadas del cometido hasta un total de 200 agentes.
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J. L. LORENTE/C. MORCILLO. MADRID.
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