Comisión del 11-m, dos años perdidos
LAS últimas declaraciones del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, sobre la responsabilidad del PP por el 11-M demuestran que los socialistas siguen dispuestos a no renunciar a nada con tal de mantener viva la crispación generada tras el atentado terrorista.
En respuesta a Mariano Rajoy, quien había pedido que el Gobierno se tomara en serio la amenaza integrista, Blanco le espetó ayer que «ojalá se hubiesen preocupado de ese asunto antes del 11-M», e insistió en que el PP metió «al país en una guerra que ha aumentado los riesgos». Se trata, como es obvio, de insistir en que el atentado fue culpa de la guerra en Irak y de la imprevisión del Gobierno.
Teniendo en cuenta que, el día antes de que ETA volara la Terminal 4 de Barajas y asesinara a dos ciudadanos ecuatorianos, el presidente del Gobierno anunció un año mejor que nunca y unas navidades sin bombas, José Blanco y, en general, el PSOE deberían dejar de juzgar las imprevisiones y mentiras ajenas.
En relación con el terrorismo integrista, todo el mundo debió preocuparse antes. Estados Unidos, antes del 11-S. Gran Bretaña, antes del 7-J. Pero cuando el terrorismo islamista ya comenzaba a ser objeto de investigación judicial y preocupación política en España, no pocos acusaron al PP de estar inventando un fantasma como coartada para su apoyo a la política exterior de George Bush.
Incluso el PSOE incorporó a la fraseología histórica su chiste sobre el «comando Dixán», el de aquellos islamistas que tenían materiales teóricamente útiles para fabricar explosivos caseros. Finalmente, cinco de ellos fueron condenados a trece años de prisión por integración en banda armada.
Además, el Gobierno socialista tiene pendiente la planificación de una verdadera política contra el terrorismo islamista. De hecho, dos años después de concluida la Comisión de Investigación sobre el 11-M, creada en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo no ha cumplido la mayoría de las resoluciones aprobadas por los parlamentarios. Izquierda Unida, socio preferente de Rodríguez Zapatero, va a promover diversas iniciativas para impulsar el cumplimiento de esas recomendaciones, ante la pasividad del Ejecutivo.
Aunque siempre fue evidente que aquella Comisión fue un fraude parlamentario cometido por el PSOE para condenar políticamente al Partido Popular, habría sido posible obtener de ella algún beneficio si el Gobierno hubiera atendido las conclusiones que todos apoyaron, incluido el PP, si bien los populares votaron en contra por no estar de acuerdo con las acusaciones contra su gestión entre el 11 y el 13 de marzo.
La falta de reformas y decisiones concretas por parte del Ejecutivo han convertido en papel mojado las conclusiones de la Comisión. Sólo en relación con las víctimas y con el ámbito policial se han ejecutado algunas de sus recomendaciones; ninguna de carácter legal ni político.
Y no lo ha hecho el PSOE porque la creación de una política específica contra el terrorismo islamista exige compromisos que son incompatibles con la demagogia y la superficialidad del discurso general del Gobierno sobre el islam y las relaciones internacionales.
El combate contra el terrorismo islamista tiene múltiples frentes, pero Rodríguez Zapatero ha quemado la imagen de España en muchos de ellos. Por ejemplo, es precisa una actitud de lealtad hacia los aliados occidentales, pero el PSOE optó por salir de Irak a la carrera y por escamotear apoyos en Afganistán.
Es necesario reforzar la identidad política del Occidente democrático, pero Zapatero ha apostado por una mezcolanza irreconocible con pretensiones solemnes en la Alianza de Civilizaciones.
Tampoco se ha avanzado en la implantación de recursos institucionales, como se pedía en las conclusiones de la Comisión, mediante la comparecencia bianual del presidente del Gobierno para definir la estrategia antiterrorista, la creación del Comité Estatal de Crisis, la elaboración de nuevos protocolos de actuación coordinada del Estado y las Comunidades autónomas o la reforma de la Comisión Delegada del Gobierno para situaciones de crisis.
Mientras tanto, el PSOE persiste en mantener el 11-M como un arma arrojadiza contra el PP y no como la primera agresión terrorista en Europa, en el contexto de una campaña global de la yihad internacional contra las democracias occidentales.
Editorial
Lunes, 16 de abril de 2007
Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U, Madrid, 2006.
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Contiene información de Diario ABC. S.L.
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http://www.abc.es/20070416/opinion-editorial/comision-anos-perdidos_200704160256.html
En respuesta a Mariano Rajoy, quien había pedido que el Gobierno se tomara en serio la amenaza integrista, Blanco le espetó ayer que «ojalá se hubiesen preocupado de ese asunto antes del 11-M», e insistió en que el PP metió «al país en una guerra que ha aumentado los riesgos». Se trata, como es obvio, de insistir en que el atentado fue culpa de la guerra en Irak y de la imprevisión del Gobierno.
Teniendo en cuenta que, el día antes de que ETA volara la Terminal 4 de Barajas y asesinara a dos ciudadanos ecuatorianos, el presidente del Gobierno anunció un año mejor que nunca y unas navidades sin bombas, José Blanco y, en general, el PSOE deberían dejar de juzgar las imprevisiones y mentiras ajenas.
En relación con el terrorismo integrista, todo el mundo debió preocuparse antes. Estados Unidos, antes del 11-S. Gran Bretaña, antes del 7-J. Pero cuando el terrorismo islamista ya comenzaba a ser objeto de investigación judicial y preocupación política en España, no pocos acusaron al PP de estar inventando un fantasma como coartada para su apoyo a la política exterior de George Bush.
Incluso el PSOE incorporó a la fraseología histórica su chiste sobre el «comando Dixán», el de aquellos islamistas que tenían materiales teóricamente útiles para fabricar explosivos caseros. Finalmente, cinco de ellos fueron condenados a trece años de prisión por integración en banda armada.
Además, el Gobierno socialista tiene pendiente la planificación de una verdadera política contra el terrorismo islamista. De hecho, dos años después de concluida la Comisión de Investigación sobre el 11-M, creada en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo no ha cumplido la mayoría de las resoluciones aprobadas por los parlamentarios. Izquierda Unida, socio preferente de Rodríguez Zapatero, va a promover diversas iniciativas para impulsar el cumplimiento de esas recomendaciones, ante la pasividad del Ejecutivo.
Aunque siempre fue evidente que aquella Comisión fue un fraude parlamentario cometido por el PSOE para condenar políticamente al Partido Popular, habría sido posible obtener de ella algún beneficio si el Gobierno hubiera atendido las conclusiones que todos apoyaron, incluido el PP, si bien los populares votaron en contra por no estar de acuerdo con las acusaciones contra su gestión entre el 11 y el 13 de marzo.
La falta de reformas y decisiones concretas por parte del Ejecutivo han convertido en papel mojado las conclusiones de la Comisión. Sólo en relación con las víctimas y con el ámbito policial se han ejecutado algunas de sus recomendaciones; ninguna de carácter legal ni político.
Y no lo ha hecho el PSOE porque la creación de una política específica contra el terrorismo islamista exige compromisos que son incompatibles con la demagogia y la superficialidad del discurso general del Gobierno sobre el islam y las relaciones internacionales.
El combate contra el terrorismo islamista tiene múltiples frentes, pero Rodríguez Zapatero ha quemado la imagen de España en muchos de ellos. Por ejemplo, es precisa una actitud de lealtad hacia los aliados occidentales, pero el PSOE optó por salir de Irak a la carrera y por escamotear apoyos en Afganistán.
Es necesario reforzar la identidad política del Occidente democrático, pero Zapatero ha apostado por una mezcolanza irreconocible con pretensiones solemnes en la Alianza de Civilizaciones.
Tampoco se ha avanzado en la implantación de recursos institucionales, como se pedía en las conclusiones de la Comisión, mediante la comparecencia bianual del presidente del Gobierno para definir la estrategia antiterrorista, la creación del Comité Estatal de Crisis, la elaboración de nuevos protocolos de actuación coordinada del Estado y las Comunidades autónomas o la reforma de la Comisión Delegada del Gobierno para situaciones de crisis.
Mientras tanto, el PSOE persiste en mantener el 11-M como un arma arrojadiza contra el PP y no como la primera agresión terrorista en Europa, en el contexto de una campaña global de la yihad internacional contra las democracias occidentales.
Editorial
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6:10 PM
