EL PUZZLE DEL 11-M

EL auto hecho público ayer por el juez Juan del Olmo demuestra la difícil compatibilidad entre la investigación judicial de naturaleza penal y la Comisión de investigación parlamentaria, de carácter político por definición.

No es sencillo, en efecto, que se evite la tentación de utilizar alguna de las afirmaciones contenidas en la resolución a efectos de la reunión que hoy mismo celebra la Comisión en el Congreso de los Diputados, con la pretensión -anunciada por la mayoría- de poner en marcha la fase de conclusiones. El auto decreta prisión provisional para Hassan el Haski, detenido recientemente en Lanzarote. En la motivación, aparecen una serie de afirmaciones del juez expresadas siempre con la debida prudencia a través de términos como «probablemente» o «posiblemente».



Señala Del Olmo, basándose en un reciente informe policial, que, al parecer, varios de los grupos radicales a los que se imputa la concepción y ejecución de la matanza actuaron como «respuesta» ante la posición de España en la guerra de Irak. No debe hacerse una lectura superficial de este planteamiento.

En rigor, significa ante todo que los autores del atentado tenían el objetivo prioritario de provocar un cambio de Gobierno, como castigo al apoyo de Aznar a Estados Unidos. Así pues, antes de lanzar las campanas al vuelo por determinados elementos del auto que podrían favorecer sus tesis, conviene que el Gobierno y sus aliados reflexionen con cierta calma acerca de las implicaciones del asunto. Otro punto oscuro merece ser subrayado.

El día 13 aseguraba Zapatero ante la Comisión que estaba cerrada cualquier duda sobre la autoría material e intelectual del 11-M. Una semana después resulta que aparecen protagonistas que, como El Haski, tienen un papel protagonista en la «ideación y preparación» de los atentados. ¿Estaba todo tan claro hace unos días como él sostenía? ¿Conocía acaso el jefe del Ejecutivo la evolución que iban a seguir los acontecimientos?

Merecen el máximo elogio la eficacia policial y la precisión en la actividad instructora del magistrado de la Audiencia Nacional. Sin embargo, procede reconocer también el acierto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo el mando del ministro Acebes, puesto que -según relata el auto- los diversos grupos radicales que allí se describen pretendían unirse a otros ya desarticulados en su día.

No hace falta recordar la actitud de algunos responsables del PSOE acerca del llamado «comando Dixan», porque se pronunciaron entonces algunas palabras en el Parlamento y en los medios que reflejan una lamentable falta de responsabilidad. Según Del Olmo, deben sumarse como factores relevantes en la conspiración los grupos con centro en Leganés y en Villaverde con el grupo liderado por «El Tunecino» (a quien el auto atribuye el papel principal en el diseño y ejecución de la matanza), que a su vez se subdivide en otros dos más.

Uno de ellos tenía a su frente a «El Egipcio», que -como es sabido- ha declarado que concibió la idea del atentado «mucho antes de la guerra de Irak». Ello introduce, como es notorio, un factor de contradicción con los datos que se derivan del informe policial. Es «probablemente» (hay que insistir en el adverbio) a través de Grupo Islámico Combatiente Marroquí como se planifica la masacre. Todo ello, a falta de concreciones ulteriores.

El auto del juez no supone una conclusión definitiva, imposible a estas alturas. Aporta datos de mucho interés, pero de carácter provisional. A efectos políticos no es aceptable una lectura apresurada y partidista.

Sería un grave error porque la investigación judicial sigue su propio camino, por vías diferentes a la responsabilidad política.

Pero, sobre todo, porque la gran mayoría de los ciudadanos rechaza una Comisión sesgada por intereses particulares, como refleja la reacción social tras la comparecencia de las víctimas.