El Gobierno Blair se resiste a implementar la sentencia de los lores sobre leyes antiterroristas

Las diferencias amenazan con abrir una crisis constitucional en el Reino Unido

Dentro de su guerra particular con un poder judicial que considera "demasiado blando" el Gobierno Blair se resiste a aceptar la sentencia del Supremo que declara ilegal la detención indefinida de extranjeros sospechosos de actividades terroristas. "Los jueces se equivocan", dice el secretario del Foreign Office, Jack Straw.



El Parlamento renovará la legislación antiterrorista en marzo: Blair tiene hasta entonces para elegir un curso de acción

El pulso entre la Administración laborista y los tribunales viene de largo, y tiene su explicación en el afán de Downing Street de no ceder ni un milímetro a los conservadores en temas de seguridad, ley y orden. Tony Blair ha convertido en casus belli la defensa de "los derechos de las víctimas" por delante de "los derechos de los acusados", mientras que el establishment legal pone énfasis en principios sacrosantos del derecho como el hábeas corpus y la presunción de inocencia. Son dos trenes que van por la misma vía en dirección contraria y amenazan con provocar una crisis constitucional.

El argumento defendido ayer por el Gobierno, y que encuentra mucho más eco entre las clases trabajadoras que profesionales, es que "el derecho más importante de todos es el derecho a la vida", y las autoridades, en un escenario propio de George Orwell, deben estar dispuestas a sacrificar otras libertades con tal de prevenir atentados por parte de grupos terroristas. El mensaje del ministro Straw es que los musulmanes detenidos en la cárcel de Belmarsh -el Guantánamo inglés-constituyen un peligro público y no cabe duda sobre su culpabilidad, aunque las pruebas sean tan cogidas con alfileres que ni siquiera se pueden llevar a juicio (grupos como Amnistía Internacional sospechan que han sido extraídas bajo tortura).

El nuevo ministro de Interior, Charles Clarke, tiene instintos más liberales que los de su predecesor David Blunkett, a quien el prestigioso columnista Simon Jenkins se refiere ayer en el conservador The Times, parte del imperio Murdoch, como"un individuo peligroso que utilizó la ideología de la izquierda para llegar al poder, y de la derecha para mantenerlo". De entrada ha prometido continuidad con las políticas de su predecesor, pero también estudiar la sentencia de los lores "para ver si es posible modificar las leyes antiterroristas de acuerdo con ella".

Dentro del sistema británico, sin una Constitución escrita, el Ejecutivo no tiene obligación de aplicar la sentencia del Tribunal Supremo. Pero los abogados de los detenidos en Belmarsh pueden lanzar un aluvión de demandas judiciales que tendrían éxito tras el veredicto de los lores y crearían una situación insostenible para el Gobierno, más aún con las elecciones de mayo a la vuelta de la esquina. El Labour se encuentra en un dilema político. Por un lado no quiere perder el voto populista pareciendo blando, por otro no puede permitirse el lujo de una fuga masiva de intelectuales y votantes educados a los liberaldemócratas.

La prensa británica siguió ayer sin dar tregua a Blair. "Los lores tienen razón", dijo The Guardian en su editorial. "Día 1 dimisión, día 2 humillación", tituló su portada The Independent."Por lo menos Blunkett ha tenido un juicio público a través de la prensa, que es más de lo que ofrecía a los sospechosos bajo su custodia", escribe el columnista Matthew Norman.

Consciente de la difícil situación en que se halla, y ansioso de evitar que el conflicto llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Gobierno Blair se plantea modificar el Código Penal de modo que la "preparación de actos terroristas" o la "colaboración con criminales" se conviertan en delito, y que las escuchas telefónicas sirvan como prueba en juicio. La legislación antiterrorista ha de ser renovada en marzo. Es el plazo que tiene para tomar una decisión.