La Guardia Civil culpa a la Fiscalía
La Guardia Civil no consiguió que la Fiscalía pidiera escuchas telefónicas ni registros domiciliarios de Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras por su posible implicación con el contrabando de explosivos, por lo que trató de conseguir esos permisos investigando la relación de éstos con el tráfico de drogas.
Así se desprende del informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias remitido a la comisión que investiga el 11-M y que detalla las actuaciones realizadas después de que el 27 de febrero de 2003 la Unidad Central Operativa comunicara que a través de Rafá Zohuier había tenido conocimiento de que Antonio Toro poseía 150 kilos de explosivos y traficaba con drogas.
En las fechas siguientes, dice el informe, se hicieron reconocimientos de zona en el entorno de los domicilios del ex minero Emilio Suárez Trashorras, de Antonio Toro y de «un tercer objetivo de Avilés», mientras que en la localidad de Cogollo se realizaron reconocimientos de zona, vigilancias e informes fotográficos.
Además, la Guardia Civil de Gijón obtuvo información del Registro de la Propiedad sobre los inmuebles detectados y comprobó que muchos de ellos estaban a nombre de familiares de Trashorras y que podían haber sido utilizados por éste para ocultar explosivos. En vista de estos datos, un oficial del instituto armado se puso en contacto con la Fiscalía de Avilés para judicializar la investigación y obtener así permiso para realizar intervenciones telefónicas y registros, pero los fiscales le contestaron que «con lo obtenido hasta el momento» ninguna de ambas cosas era posible.
La Guardia Civil no consiguió que la Fiscalía pidiera escuchas telefónicas ni registros domiciliarios de Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras por su posible implicación con el contrabando de explosivos, por lo que trató de conseguir esos permisos investigando la relación de éstos con el tráfico de drogas.
Así se desprende del informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias remitido a la comisión que investiga el 11-M y que detalla las actuaciones realizadas después de que el 27 de febrero de 2003 la Unidad Central Operativa comunicara que a través de Rafá Zohuier había tenido conocimiento de que Antonio Toro poseía 150 kilos de explosivos y traficaba con drogas.
En las fechas siguientes, dice el informe, se hicieron reconocimientos de zona en el entorno de los domicilios del ex minero Emilio Suárez Trashorras, de Antonio Toro y de «un tercer objetivo de Avilés», mientras que en la localidad de Cogollo se realizaron reconocimientos de zona, vigilancias e informes fotográficos.
Además, la Guardia Civil de Gijón obtuvo información del Registro de la Propiedad sobre los inmuebles detectados y comprobó que muchos de ellos estaban a nombre de familiares de Trashorras y que podían haber sido utilizados por éste para ocultar explosivos. En vista de estos datos, un oficial del instituto armado se puso en contacto con la Fiscalía de Avilés para judicializar la investigación y obtener así permiso para realizar intervenciones telefónicas y registros, pero los fiscales le contestaron que «con lo obtenido hasta el momento» ninguna de ambas cosas era posible.
posted by Raul at
6:53 PM
